El presidente Javier Milei debe decidir si vetará o no tres leyes clave aprobadas por el Congreso: la emergencia pediátrica (que incluye financiamiento para el Hospital Garrahan), el financiamiento universitario y la nueva ley de distribución de los Adelantos del Tesoro de la Nación (ATN) impulsada por los gobernadores. El plazo para vetar estas leyes vence el jueves.

Según el artículo 80 de la Constitución Nacional, si el Poder Ejecutivo no se pronuncia en un plazo de 10 días hábiles tras la sanción de una ley, se considera que la aprueba tácitamente.

Esta decisión se produce en un escenario político complejo para el gobierno de Milei, tras los resultados electorales adversos en la provincia de Buenos Aires y en plena campaña para las elecciones legislativas de octubre. A esto se suman las tensiones internas en el Gobierno y la volatilidad económica por la subida del dólar.

El Gobierno expresó su intención de mantener una "muralla fiscal" frente a las iniciativas legislativas que impliquen un aumento del gasto público. Milei advirtió recientemente sobre los intentos del Congreso de "lanzar un misil fiscal" que ponga en riesgo el superávit.

Posible rechazo del veto en el Congreso

Si Milei decide vetar las leyes, se arriesga a que el Congreso insista en su sanción, superando el veto con una mayoría de dos tercios en ambas cámaras. La oposición cuenta con los votos necesarios para insistir en la ley de emergencia pediátrica y está cerca de lograrlo con la ley de financiamiento universitario.

Rectores y decanos de la Universidad de Buenos Aires (UBA) solicitaron públicamente al Presidente que promulgue la ley de financiamiento universitario, que prevé la actualización de salarios docentes y no docentes, así como fondos para infraestructura y becas.

Por su parte, los gobernadores advirtieron que un veto a la ley de distribución de los ATN sería considerado una "declaración de guerra". Argumentaron que esta ley elimina la discrecionalidad en el reparto de estos fondos, estableciendo un mecanismo automático basado en la ley de coparticipación.

La ley de ATN establece que el 41,2% de estos fondos corresponderá a la Nación, mientras que el 58,8% se distribuirá entre las provincias según los coeficientes de coparticipación. Los gobernadores estiman que el costo fiscal de esta medida sería del 0,03% del PBI.